Quito, 10 de septiembre de 2020

El Viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, destacó que la Corte Constitucional ha ratificado la capacidad del MEF de emitir directrices presupuestarias que orienten la gestión financiera, en este caso, de las universidades y escuelas politécnicas. Recordó que fue una medida legal y constitucional la adoptada por esta Secretaría de Estado respecto a adecuar la situación presupuestaria de acuerdo a la disponibilidad de ingresos.

Precisó que nunca se afectó a la gratuidad ni a la calidad de la educación superior. Este aspecto fue ratificado por el Coordinador General Jurídico, Gonzalo Lascano, quien señaló que el MEF nunca afectó discrecionalmente el presupuesto de las universidades, porque éste se lo asigna en función de un cálculo que tiene como factor principal la recaudación tributaria. En este sentido, indicó que el único componente de financiamiento revisado fue el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) que se nutre de las recaudaciones del IVA y del Impuesto a la Renta.

Lascano recordó que el Presupuesto General del Estado (PGE) es una herramienta de planificación que proyecta los ingresos, y que éstos pueden adecuarse de acuerdo a las eventualidades que surjan. Aclaró que no existió nunca un recorte a las universidades y escuelas politécnicas, pues lo que hubo fue un re-cálculo de las asignaciones sobre la base de la caída de la recaudación tributaria.

Destacó que la actuación del MEF siempre fue técnica y de respeto a lo que dictamina la Ley y los órganos judiciales, tanto así que cuando la propia Corte Constitucional, en un anterior dictamen, notificó a esta institución que cumpla medidas cautelares de mantener el presupuesto de la Educación Superior, lo hizo.

En este sentido, el viceministro Carrillo hizo un llamado a los distintos actores de la sociedad a que comprendan que el país atraviesa una situación compleja que se refleja en una fuerte reducción de los ingresos del Estado y que demanda un proceso de optimización de todas las entidades que conforman el PGE, en donde están las instituciones de educación superior.

La propia Corte Constitucional, en su dictamen, ha instado a las universidades y escuelas politécnicas públicas para que, en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país, y en el ejercicio de la responsabilidad y solidaridad a la que están obligadas en el ejercicio de su autonomía, por mandato de la Constitución y la ley, mejoren inmediatamente la racionalización y optimización del gasto sin afectar la calidad de la educación superior.