El pasado 6 de noviembre, autoridades del Frente Económico puntualizaron varios aspectos sobre la Proforma Presupuestaria para el 2018 y el proyecto de ley para reactivar la economía nacional. La inversión en educación y salud será prioritaria en el Presupuesto General del Estado, mientras que el sector fiscal busca generar recursos para impulsar la productividad.

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Carlos De La Torre, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisó que el Presupuesto General del Estado sería de USD 34 853 millones; 5,3 % inferior al de 2017; mientras que los gastos se enfocarán en educación (USD 787,20 millones), salud (USD 1 119,26 millones), así como defensa nacional y seguridad (USD 491,40 millones). “El gasto social siempre ha estado por encima del servicio de la deuda”, recordó.

De igual manera, explicó que los impuestos serán la principal fuente de ingresos (USD 15 343,93 millones). Entre los principales indicadores macroeconómicos para el próximo año están una inflación promedio de 1,38 %, un crecimiento real del PIB del 2,04 %, un PIB nominal de USD 104 021 millones y un precio de exportación por barril de petróleo de USD 41,92.

El secretario de Estado realizó además una exposición sobre los pormenores del Programa Económico y sus objetivos, resaltando que estos se enmarcan en el esfuerzo que hace el Gobierno para controlar el gasto fiscal, reducir el déficit y avanzar en la reducción de necesidades de financiamiento.

En cuanto a la incidencia del Impuesto a la Renta, el director del SRI, Leonardo Orlando, aclaró que se ha considerado estandarizar el concepto de renta equivalente de acuerdo con los integrantes del hogar, lo cual alcanzaría a unas 50 mil personas que ganan más de USD 3 000 mensuales, sin afectar a quienes ganen menos.

Mauro Andino, principal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), detalló que el proyecto de ley contempla mecanismos para disuadir la evasión tributaria y mejorar la gestión aduanera, generando rentas y empleo. La gerente General del BCE, Verónica Artola, recalcó que el denominado dinero electrónico no es más que un mecanismo de pago y la institución ya no lo operará.