Ministro Richard Martínez en el Pleno de la Asamblea Nacional

Quito, 29 de noviembre de 2018

En el marco del tratamiento en la Asamblea Nacional de la Pro forma 2019, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, destacó que es importante impulsar un debate serio en torno a la eficiencia energética y anunció que el Gobierno Nacional seguirá buscando mecanismos para evitar que los subsidios beneficien a aquellos que más tienen. Asimismo, resaltó la importancia de poner sobre la mesa mecanismos y decisiones que brinden sostenibilidad a la seguridad social en el Ecuador.

Ambos temas, abordados durante la presentación del Ministro ante el Pleno del Legislativo, horas antes de llevarse a cabo la votación sobre la Pro forma, fueron recogidos por varios asambleístas, quienes expresaron que es momento que el país llegue a consensos y adopte las decisiones necesarias, que se han prorrogado por décadas.

El Ministro informó que, para el 2019, se incorporarán en el Presupuesto aproximadamente USD 1.240 millones para dar cumplimiento a la disposición legal de retomar el pago del 40% a las pensiones del IESS, y que con este monto se totaliza una asignación de recursos al Sistema de Seguridad Social por USD 1.995 millones. “La discusión no debe basarse en la cifra sino en el problema y las soluciones estructurales, es decir en cómo garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, para lo cual es necesario abrir el debate nacional, donde la Asamblea sea parte medular del mismo”, indicó.

Por otra parte, el Secretario de Estado ratificó que la Pro forma del 2019 es equilibrada y busca garantizar derechos sin generar dispendio de recursos, a más de corregir el desequilibrio fiscal sin medidas extremistas de ‘shock’ que pueden fracturar al tejido social.

Reiteró que la Pro forma permite alcanzar las metas establecidas en el Plan de Prosperidad para llegar a un equilibrio fiscal y que cumple lo que manda la Constitución de elevar en un 0.5% el presupuesto para la Educación Básica y Bachillerato y para el Sistema Nacional de Salud que, juntos, recibirán un total de USD 1.130 millones adicionales. Anunció que el Gobierno Nacional garantiza la provisión de medicamentos y de servicios de salud, así como los recursos para alimentación escolar e infraestructura educativa.

En su exposición ante el pleno de la Asamblea, Martínez resaltó la solución que está dando el Gobierno a la deuda histórica que heredó de las compensaciones por jubilación. Informó que en la Pro forma del próximo año se estableció un rubro de USD 350 millones parta este fin, valor que sumado a los pagos previstos durante 2018 y los realizados en 2017, totalizarán 1.059 millones dólares. “De esta manera, se devuelve la tranquilidad a 20.600 jubilados que han vivido una incertidumbre constante por mucho tiempo”, manifestó.

También destacó los resultados de la política de diálogo del Gobierno, como el acuerdo alcanzado con las universidades para que el presupuesto por concepto de gratuidad se mantenga conforme al establecido en el 2018, bajo el compromiso de que los centros de estudios superior implementen medidas de austeridad.

Del mismo modo, el Ministro informó que, en 2019, se destinarán USD 15 millones para que el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia implementen a nivel nacional múltiples equipos de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, médicos, psicólogos, agentes fiscales, secretarios de fiscalía, médicos legistas y trabajadores sociales que sirvan de apoyo en los casos de violencia de género.

Martínez recordó que el país enfrenta una situación fiscal difícil, derivada de la anterior implementación de un modelo de desarrollo que llevó al Estado a gastar más de lo que tenía. Destacó la necesidad de que el país en su conjunto encuentre soluciones compartidas que dirijan a un futuro de prosperidad e inclusión social, de equidad y desarrollo sostenible.

Advirtió que para revertir esa tendencia se requiere de un esfuerzo de toda la sociedad, que debe empezar por el Gobierno Nacional y ser acompañado por las demás funciones del Estado. “Este esfuerzo implica sacrificios en todos los niveles y dejar de lado aspiraciones, territoriales o sectoriales, que pudiendo ser legítimas, lastimosamente, no pueden ser financiadas en su totalidad”, aseguró.