Quito, 28 de octubre de 2021

El gobierno del presidente Guillermo Lasso remitió este día a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia Covid-19, el mismo que ha sido elaborado recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país.

La reforma legal enviada cumple con los principios de progresividad y justicia tributaria y se espera que, con su aprobación, se logre recaudar más de USD 1 900 millones en los dos primeros años de su vigencia.

El 96,6% de la Población Económicamente Activa no se verá afectada con esta Ley. El principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de USD 5 000 al mes, tienen patrimonio mayor a USD 1 000 000 y las mayores empresas del país. Quienes ganan entre USD 2 000 y USD 5 000 mensuales harán un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso.

El Gobierno del Encuentro impulsó una serie de diálogos con diversos sectores para alcanzar consensos y perfeccionar el componente tributario del proyecto original. De esta manera, se definió, en la nueva propuesta remitida a la Legislatura, que aquellas personas naturales que tengan un patrimonio superior al USD 1 000 000 (o más de USD 2 000 000 en sociedad conyugal) realicen, por única vez, una contribución temporal. Estos contribuyentes tendrán la opción de deducirse hasta USD 200 000 por su primera vivienda o tierras agrícolas improductivas.

También se fijó que, solo por dos años, las más grandes y solventes empresas del país, con un patrimonio mayor a USD 5 000 000, hagan una contribución solidaria del 0,8%.

En el proyecto de reforma presentado se ratifica el compromiso con la transición ecológica y se mantendrá el 0% del IVA para los autos eléctricos e híbridos y paneles solares.

El Gobierno Nacional ratifica, en este proyecto, su política de transparencia y de lucha contra elusión tributaria. Por ello, insiste en la necesidad de que sean reportadas a la autoridad tributaria las inversiones que los ecuatorianos tengan en el exterior.  Además, clasifica a aquellos ecuatorianos con negocios relevantes en el país como residentes fiscales para que tributen como corresponde.

El proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia Covid-19 busca devolver la estabilidad en las finanzas públicas para garantizar los servicios del Estado y la protección social.