Quito, 21 de enero de 2022

La subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Olga Núñez, compareció, este día, ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para dialogar sobre los avances en la elaboración del informe de impacto fiscal por el aumento de las remuneraciones al magisterio nacional que establece el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Núñez señaló que el proyecto en mención tiene, al menos, tres fuentes de impacto fiscal:

• Dos de impacto presupuestario directo:
• Nuevo escalafón docente en el sistema de educación intercultural bilingüe.
• Aceleración de la meta de cumplimiento constitucional de gasto en educación (6 % del PIB).
• Una de impacto en el sistema de seguridad social:
• Incrementos en los aportes al seguro de salud por nuevo escalafón e incremento del 40 % de pensiones por jubilación por régimen especial.

Añadió que la inflexibilidad del gasto permanente del Presupuesto General del Estado (PGE) hace difícil los esfuerzos de optimización del gasto y que los incrementos de sueldos sustanciales, que plantea esta reforma legal, perjudican más esta perspectiva.
Actualmente, el gasto permanente del PGE del 2022 es de USD 21 800 millones, de los cuales el 41,5 % se destina a sueldos y salarios.

El gasto en educación general básica y bachillerato, previsto para este año, asciende a USD 3 419 millones, en donde el 88 % es para pagar las remuneraciones de los maestros.
La subsecretaria reiteró que, legalmente, el incremento de las remuneraciones solo puede ser financiado con ingresos permanentes (impuestos, tasas o contribuciones) y que, para cumplir con el proyecto de reforma a la LOEI,se necesitaría aumentarlos, ya que usar lasfuentes actuales (recaudadas por el IVA e impuesto a la renta) es inviable porque supondría dejar de financiar gastos existentes como las preasignaciones establecidas en múltiples cuerpos legales en favor de la educación superior, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros.

Aclaró, además, que los egresos permanentes del PGE no pueden pagarse con ingresos no permanentes, como los obtenidos por deuda pública. Indicó, también, que la creación de una nueva escala salarial diferenciada para el magisterio contradice principios constitucionales al establecer una escala remunerativa discriminatoria en relación con la del resto de entidades del sector público.
El MEF está trabajando en el detalle del impacto fiscal con datos actualizados en función de la ejecución presupuestaria y los resultados fiscales. Esta información será incluida en el informe de evaluación de impacto fiscal que se enviará, dentro de los plazos establecidos, a la Asamblea Nacional.
El 9 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la LOEI que dieron lugar a demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, órgano que estableció que, en ningún caso, se pueden aprobar proyectos legales que comprometan un aumento del gasto público sin contar con un minucioso análisis de factibilidad de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

El máximo órgano de justicia constitucional sentenció que las reformas a la LOEI transgredieron los artículos 286 y 287 de la Constitución y ratificó que toda reforma de ley que conlleve un impacto al gasto público permanente debe contar previamente con fuentes de financiamiento, cuyos recursos necesariamente, deben provenir de ingresos permanentes.